LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA SE EXPIDIÓ RESPECTO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722

PARA EL MINISTRO DE LA CORTE MENDOCINA, DR. MARIO D. ADARO,  EN VOTO AMPLIATORIO, LA LEY 7722 ES CONSTITUCIONAL, EXTENDIENDO LA PROHIBICIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSIDERADAS TÓXICAS A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE LA UTILICEN, Y PRIORIZA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REPUBLICANO ESTABLECIENDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL  ARTÍCULO 3 PRIMER PÁRRAFO.
 
SUMARIO DEL VOTO:
1.- Extiende la prohibición del uso de las tres sustancias químicas determinadas como tóxicas por el legislador: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, a todas las actividades que las utilicen, en el territorio de la Provincia de Mendoza.  Lo determina  hasta tanto se acredite que las mismas no son contaminantes para el medio ambiente, los recursos naturales, en especial el recurso hídrico; y que no afecten la salud y calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Mendoza; y/ o se establezcan rangos de valores límites permisibles que no afecten la calidad de vida de la población.
Es en base a los principios de prevención y precautorio  que las medidas adoptadas en función de la preservación del ambiente no pueden restringirse a una mera tutela nominal, sino que detectado el riesgo o el peligro ambiental, dada la toxicidad que emana el uso de las sustancias químicas, cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, conforme lo ha estipulado el legislador, la medida tiene  que ser extendida con el objeto de prevenir daños potencialmente colectivos, que la sociedad no puede correr el riesgo que acontezcan si jurídicamente son y pueden ser evitados. Todo ello en pos del resguardo del derecho al ambiente y a la salud,  la satisfacción de las generaciones futuras y el desarrollo sostenible.
2.-La temática involucrada en la decisión es de inmensa trascendencia institucional, económica, política, social y cultural, con complejos y diversos efectos, lo que  lo lleva a decidir en pos de garantizar la forma democrática y republicana alcanzada y afianzada en nuestro país. Por tanto, hasta tanto la Legislatura Provincial no se halle investida de facultades constitucionales expresas que lo habiliten para  disponer y ejercer “la ratificación” establecida en el artículo 3, primer párrafo  de la Ley 7722,   impera la inconstitucionalidad de la norma, ya que se encuentra en franca violación de la garantía al principio republicano de gobierno establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y  artículo 1 y 12 de la Constitución Provincial.
3.- Enuncia la necesidad de contar con mecanismos de control social en la actividad minera, como por ejemplo, agencias gubernamentales, defensorías ambientales o entes reguladores, o una estructura como la Agencia Europea de Medio Ambiente, o instituciones de balance ambiental o la creación del fuero minero. Declara que “no puede quedar el control final de la actividad minera en la ratificación legislativa. Ello no garantiza ni mayor ni mejor control. Para evitar el deterioro social que generan las dicotomías extremas ambientalismo vs actividad minera, la alternativa es la construcción de formas e instancias estables de concertación, en las que sea posible la participación permanente de los diferentes actores o sectores involucrados, en instancias de diálogo, de saberes y conocimientos técnicos y científicos, en el despliegue de responsabilidad social ambiental y empresaria, en el respeto a las instituciones y sus competencias, y la confianza social en ellas tendiendo a lograr una convivencia democrática.”
4.- Por último, hay una referencia a la audiencia pública que no se celebró y la importancia que implicaba. Concluye que ante los escasos canales de participación amplia, igualitaria, sistemática  de la ciudadanía y de todos los sectores involucrados respecto a la Ley 7722 y  su  brevísimo tratamiento legislativo; la audiencia pública en el ámbito del Superior Tribunal de Mendoza hubiera implicado la intervención directa de la ciudadanía en un tema de relevancia como el ambiental, que trasciende los intereses sectoriales, y que requiere de un debate integral.  Hace una autorreflexión institucional e indica  “perdimos la oportunidad de contar con un debate pluralista, cuyas opiniones, fundamentos, manifestaciones y efectos pasaran a pertenecer al patrimonio democrático de la comunidad mendocina, tanto para el tema que hoy se debate en este expediente como para futuras controversias sobre la preservación del medio ambiente en la Provincia.”-
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